Apuestas a la fecha electoral británica: tres condenados

Tres personas que apostaron con información confidencial a cuándo se celebrarían las elecciones generales británicas de 2024 han sido condenadas a penas de prisión suspendidas. Anthony Lee, Laura Lee y Amy Hind conocieron su condena el 23 de octubre de 2026 en el Southwark Crown Court, un tribunal penal de Londres, tras declararse culpables de fraude en el juego (“cheating”) conforme a la sección 42 de la Gambling Act 2005. La Gambling Commission, que ejerció la acusación, lo calificó de «un caso importante y el primero de este tipo para la Commission» (traducción propia). Se trata de un proceso penal en Gran Bretaña con arreglo a la ley británica Gambling Act 2005.

Las penas

• Anthony Lee: 10 meses y 2 semanas de prisión por cada uno de los dos cargos, a cumplir simultáneamente y suspendidos durante 12 meses, más 100 horas de trabajo no remunerado.

• Laura Lee: 4 meses y 2 semanas, suspendidos durante 12 meses, más 40 horas de trabajo no remunerado.

• Amy Hind: 6 meses, suspendidos durante 12 meses, más 50 horas de trabajo no remunerado.

Una pena suspendida significa que la persona no entra en prisión salvo que incumpla las condiciones o vuelva a delinquir durante esos 12 meses. El trabajo no remunerado es un trabajo supervisado en beneficio de la comunidad, que debe completarse en esos mismos 12 meses. Los tres quedan además bajo supervisión del servicio de libertad vigilada durante 12 meses y tienen prohibido usar aplicaciones de juego en línea durante 12 meses. Anthony y Laura Lee deberán pagar 1.000 libras cada uno en costas de la acusación; el tribunal no impuso costas a Hind.

Qué pasó

El entonces primer ministro Rishi Sunak anunció la fecha electoral el 22 de mayo de 2024. Según la Commission, ya se había planificado a fondo una elección el 4 de julio en el número 10 de Downing Street y en la sede de campaña de los conservadores, y los operadores de juego ofrecían mercados sobre cuándo se celebrarían las elecciones.

Anthony Lee, entonces director de campaña del Partido Conservador, participaba en conversaciones confidenciales sobre el calendario. Usó esa información para apostar y se la pasó a su esposa, Laura Lee, responsable de asuntos internacionales del partido y candidata en las elecciones, que también apostó a la fecha. Amy Hind, que había trabajado antes para el partido y en ese momento trabajaba en el NHS, apostó tras recibir información confidencial sobre cuándo se convocarían las elecciones.

Por qué se considera fraude en el juego

La sección 42 de la Gambling Act 2005 tipifica como delito el fraude en el juego. En este caso, eso supuso apostar a un resultado con información confidencial que el resto del mercado no tenía, y la Commission ejerció ella misma la acusación. «Los mercados de apuestas deben ser justos y no pueden verse socavados por personas que usan información confidencial en su propio beneficio» (traducción propia), dijo Katharine Diamond, directora jurídica de la Commission. «Seguiremos investigando posibles actividades delictivas y usando nuestras facultades para proteger la integridad del juego» (traducción propia).

A nuestro juicio, los mercados de política y entretenimiento son donde este tipo de información privilegiada es más difícil de detectar, porque quienes conocen el resultado antes suelen no ser las personas a las que una casa de apuestas vigila normalmente. Estos mercados podrían ser pronto más habituales en el Reino Unido: IG Group ha solicitado una licencia a la Gambling Commission para añadir a principios de 2027 mercados de predicción sobre política, entretenimiento y deporte.

Todavía no ha terminado

Craig Williams se ha declarado culpable de un delito de fraude en el juego relacionado con apuestas sobre la fecha electoral y será condenado más adelante. Otras diez personas han sido acusadas formalmente de delitos de fraude en el juego por apuestas sobre la misma fecha; sus juicios están previstos para septiembre de 2027 y enero de 2028. Están acusadas, no condenadas.

Como ejemplo de otro tipo de actuación de la Commission, véase su acuerdo de 900.000 libras con L&L Europe por retrasos en las retiradas.